CNC propone un tercer Real Decreto-ley de revisión excepcional de precios para evitar que la inflación dispare los cierres de constructoras.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) propone un tercer Real Decreto-ley de revisión excepcional de precios para que el inasumible encarecimiento de las obras, superior al 30%, provoque una oleada de cierres de constructoras; tal y como recoge un informe (se adjunta presentación y resumen ejecutivo) que evidencia que el RD-ley 3/2022 y su modificación en el RD-ley 6/2022 contemplan una serie de condicionantes y umbrales que discriminan al 95% de las obras, aproximadamente.
De cara a esa mejora, la patronal plantea que este tercer Real Decreto-ley incluya a las obras comenzadas desde 2021 para permitir, especialmente a las pymes, acceder a una justa e imprescindible revisión de precios. A juicio de CNC, también deberían de incluirse aquellas obras que hayan estado en ejecución durante el pasado año y cuya aprobación de la certificación final por parte del órgano de contratación haya sido anterior a la entrada en vigor del RD-ley 3/2022.
En paralelo, la patronal pide rebajar el umbral desde el 5% hasta el 2%, como máximo, para permitir que un mayor número de obras de diferentes tipos puedan acogerse a la revisión excepcional de precios; e introducir en el cálculo más materiales.
La energía representa en torno al 30% del coste total
En este tercer Real Decreto-ley, CNC ve fundamental compensar el desorbitado incremento del precio de la energía. Para ello, sugiere incluirla en las fórmulas polinómicas de revisión, bien sea complementando con fondos específicos según los contratos y tipos de obra, o aplicando medidas adicionales que reflejen el peso que ésta tiene en las obras, que puede llegar a suponer el 30% del coste total y supera con creces al ponderado en las fórmulas polinómicas.
Entre las 10 medidas que plantea, la patronal también recomienda autorizar el planteamiento de modificados técnicos por sustitución de los materiales tomados en cuenta para la elaboración del proyecto que sirvió de base para la licitación, haciendo posible así una rebaja de sus precios sin mermar la funcionalidad de la obra a ejecutar.
De igual modo, CNC urge a eliminar el valor máximo de compensación del 20% sobre el precio de adjudicación del contrato y a tomar en consideración el límite del 50%.
Otra de las propuestas pasaría por aplicar el silencio administrativo positivo ante la ausencia de un plazo de respuesta por el órgano de contratación, con una propuesta provisional de reconocimiento de la revisión excepcional de precios, tras la presentación de la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de la circunstancia de excepcionalidad establecida en el RD-ley.
Finalmente, la patronal propone que las corporaciones locales queden vinculadas por la decisión que tomen las correspondientes comunidades autónomas en su ámbito de competencia, porque si bien la mayoría de las regiones ya se han adherido al RD-ley, una parte significativa de las entidades locales todavía no lo han hecho. Asimismo, recomienda que el tercer Real Decreto-ley incluya los contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras, así como los de suministros.
Según el presidente de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, “hay que evitar que la espiral inflacionista paralice el sector y provoque un shock que aboque a más constructoras al abandono de su actividad. Los dos Reales Decretos-ley aprobados hasta la fecha no han ayudado a las empresas a mitigar el tremendo impacto que está teniendo la subida superior al 30% del coste de las obras. O se aprueba un tercer Real Decreto-ley de revisión excepcional de precios, o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo en un sector determinante para la recuperación del conjunto de la economía”.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial que agrupa a la práctica totalidad de un sector que en nuestro país representa casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.
La CNC ofrece una voz única y consensuada ante los poderes públicos u otros entes nacionales e internacionales, también del ámbito privado, en defensa de un sector que tiene en la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la cualificación de sus empleados las palancas de competitividad necesarias para resultar determinante en la recuperación social y económica de España.
Fuente: CNC
