El sector solicita al Gobierno acelerar los márgenes de tiempo entre licitación y adjudicación de obra, debido a los estrechos plazos establecidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE.
El Gobierno debe acelerar el ritmo de los procesos habituales de aprobación y puesta en marcha de proyectos de construcción, para poder acceder a los 140.000 millones que le corresponden de los Fondos comunitarios, incluidos en el Programa Next Generation. Así lo han afirmado esta semana los representantes de diversas entidades y asociaciones empresariales de la construcción, como la CNC, Seopan, Anci, y la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, que están en contacto permanente con el Gobierno, esencialmente a través del Ministerio de Transportes, en busca de mecanismos más ágiles para conseguir una mayor contratación pública.
Así lo expresó, por ejemplo, Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral, durante su intervención en el Foro Potencia, donde recalcó que “el éxito de la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia depende de que se superen eficazmente los obstáculos a la inversión y mejore el entorno empresarial, para lo que son necesarias reformas estructurales complementarias”.
“La Administración ha sido receptiva ante la inquietud de las constructoras sobre este tema”, explicó Lazcano, mostrando su confianza en el trabajo de Moncloa para llegar a tiempo a la declaración de intenciones que tiene que enviarse a la Comisión Europea a mediados de este mes.
Por otro lado, la CNC también reclamó más protagonismo para el Ministerio de Transportes y Transición Ecológica, ya que de ellos depende más del 70 % de la inversión estatal, siendo clave su papel tanto para la configuración del programa de actuaciones como para la coordinación con las Comunidades Autónomas.
Plazos exigentes para la Administración española
A mediados de mes, España debe contar con un esbozo del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia con las inversiones que haya previstas entre 2021 y 2023, que tendrán que ir orientadas hacia los objetivos europeos de transición ecológica, digital, creación de empleo y crecimiento económico. La fecha límite para entregar el documento definitivo se ha fijado en abril del año que viene.
Ante esta situación, el portavoz de la patronal, también insistió en la necesidad de detectar los “cuellos de botellas y sus razones” con el objetivo de crear las condiciones adecuadas para que los ritmos de contratación pública sean lo más rápidos posible, y poder acceder así a los 67.300 millones en préstamos y 72.700 millones en subvenciones que recibiría España.
Entre estos obstáculos destacó la importancia de controlar las trabas administrativas para la creación de empresas, la escasez de mano de obra cualificada, una fiscalidad elevada y compleja y la lentitud de los procedimientos judiciales.
Una oportunidad para el sector
Un aspecto que preocupa es la existencia de proyectos lo suficientemente maduros para su licitación y adjudicación dentro del programa de ayudas, dudas ante las que altos cargos del Ministerio de Transportes han lanzado un mensaje tranquilizador.
Gracias a la puesta en marcha de estos planes, el sector ve la oportunidad para renovar y actualizar el parque de viviendas, un 95 % construidos sin el amparo del Código Técnico de la Edificación, así como para actualizar infraestructuras y completar redes de transporte.
Desde Seopan se han identificado necesidades de inversión por 157.000 millones entre 2021 y 2030, mientras que la Asociación Española de la Carretera cuenta con un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas con un presupuesto de inversión de 32.000 millones.
