El conocido compliance ha traído novedades este año con la publicación en el BOE de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Tiene por objeto proteger de la manera más adecuada a las personas que informen sobre acciones u omisiones que puedan constituir algunas de las infracciones que la ley recoge. De este modo, la norma ampara a las personas que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional.
Esta ley obliga a las entidades jurídicas del sector privado y público que empleen a 50 o más trabajadores (se puede eximir a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores) a contar con un sistema interno de información (conocido como canal de denuncias). Además, deben disponer de un sistema de gestión y protección de los informantes, para evitar así represalias contra ellos. También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
El papel del compliance
Desde la modificación del Código Penal en 2015, el compliance ha cobrado un papel muy relevante, ya que las personas jurídicas (empresas y otro tipo de entes) pueden ser responsables penales. Disponer de un plan de prevención de delitos puede atenuar o eximir a las empresas de dicha responsabilidad en caso de que se comentan delitos dentro de las compañías por alguno de sus miembros. Además, empieza a ser un instrumento obligatorio para poder operar con determinadas empresas y mercados.
El compliance hace por tanto referencia al conjunto de procedimientos y buenas prácticas que una empresa integra y ejecuta para adaptarse al cumplimiento de los estándares éticos y legales. El objetivo es poder identificar riesgos y prevenir sus efectos. Y, para ello, también han de establecerse los mecanismos internos que permitan gestionar, controlar y, en su debido caso, reaccionar con rapidez si se produce una infracción.
La importancia de prevenir ante las infracciones
Empresas como Implaser saben de la importancia de la prevención ante las infracciones y por ello, cuentan desde el año 2018 con un sistema diseñado a medida. Se encuentra en constante cambio y actualización, porque Implaser es consciente de los beneficios de tener un sistema de prevención de delitos en la empresa. Va más allá de la exención de responsabilidad de la compañía ante los delitos. Ayuda a identificar y mitigar riesgos en general y evita sanciones de índole administrativa. Además, en el largo plazo conlleva un ahorro de costes. También promueve una cultura ética y de cumplimiento de la normativa, mejora procesos, supone una mejora competitiva y reduce riesgos al operar en mercados extranjeros. Es, por tanto, un instrumento que genera confianza en clientes y socios, y repercute en la reputación de la empresa. Además, es una forma de adelantarse a nuevas exigencias competitivas.
Para facilitar esta tarea, en Implaser cuentan con un despacho jurídico externo que ejerce el papel de Compliance Officer. Se trata de una figura profesional a la que se asignan las tareas de vigilancia y supervisión del cumplimiento normativo. Su cometido es ayudar a las compañías a caminar por la senda de la ética y la legalidad, responder a las cuestiones y dudas que despierten los programas de compliance en los trabajadores e informar. En caso de duda, en Implaser se puede contactar con el despacho jurídico a través del canal interno de consultas o mediante su página web.
